La Unión Europea lleva tiempo desarrollando una normativa para que todos los países miembro protejan el derecho a la reparación de sus ciudadanos. En los últimos años ya se ha avanzado bastante en la protección general del consumidor, por ejemplo pasando de dos a tres años la garantía de los productos que se compran. En el terreno de la reparación, también se ha ido obligando a los fabricantes a mantener piezas de repuesto durante más años, entre otras medidas, pero ahora se quiere expandir aún más con una legislación común y que sobre todo facilite el acceso del ciudadano a las reparaciones.
El motivo es que la Comisión Europea estima que los consumidores pierden 12 000 millones de euros al año por no tener un acceso adecuado a servicios de reparación o piezas para hacerlas por ellos mismos. Un dinero que destinan a comprar nuevos productos en lugar de reparar en un momento los que tienen. Esta normativa reducirá esas pérdidas a la vez que estima que generará 4800 M€ en crecimiento económico e inversión.
La ley en desarrollo obligará a que las empresas, durante los tres años de garantía, ofrezcan siempre la reparación de sus productos, salvo cuando la reparación pueda ser más cara que sustituirlo por uno nuevo. Fuera de la garantía la ley establece una batería de medidas de fomento de la reparación. Por ejemplo, el derecho a pedir la reparación de un producto al fabricante, y dentro de los primeros diez años de vida del producto, siempre y cuando sean técnicamente reparables. Se les obligará a que informen a los consumidores de los productos que tendrán que ser capaces de reparar en el momento de la compra durante ese periodo.
Además se creará una plataforma europea de reparación en la que se anunciarán los servicios de reparación para facilitar que los consumidores puedan encontrar fácilmente a alguien que repare sus productos cerca de donde vivan. Estos talleres de reparación estarán obligados a informar mediante un formulario de las condiciones de la reparación para comparar diversos talleres. Es similar a la obligación de poner en lugar bien visible que se puede pedir el libro de reclamaciones en cualquier establecimiento. La calidad estará regida por un único estándar a nivel europeo.
De momento la propuesta de legislación tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo, lo cual normalmente es un mero trámite porque el Parlamento no sirve de nada y las decisiones reales las toma la Comisión. Luego también tendrá que ser ratificada por el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Gobierno de los países miembros. No parece que vaya a ser una ley que se posponga mucho porque hay gran interés en su aprobación para reducir aún más los residuos electrónicos por la agenda verde imperante en la Unión Europea.
De hecho se engloba en la agenda de impacto cero en el medioambiente para 2050 que tiene por objetivo la UE. Se busca reducir 35 millones de toneladas de residuos, reducir la generación de 30 toneladas de recursos por los dispositivos nuevos que se compran por no reparar el anterior, y las 261 MT de emisiones de gases de efecto invernadero por la producción de dispositivos nuevos.
Fuente: Comisión Europea, Comisión Europea (PDF).