El pasado 9 de diciembre un juez de lo mercantil de Madrid ordenaba el cierre cautelar de Uber en España, siguiendo medidas similares tomadas en otros países europeos. Una medida orientada a proteger al gremio de los taxistas, que aunque aquí es uno de los sectores profesionales más denostados, en este asunto no les falta razón. Las leyes actuales establecen una normativa para el transporte de pasajeros, y es algo que Uber no estaba cumpliendo.
Los "transportistas" de Uber cobran un dinero por llevar a una persona de un punto A a otro B, lo que obviamente es la labor de un taxista. Pero debido a que las licencias de taxi cuestan unas cuantas decenas de miles de euros para poder operar legalmente, el que un transportista de Uber hiciera de taxista, además de hacerlo ilegalmente sin la licencia correspondiente, lo hacía en situación de competencia desleal al no tener que hacer frente a los gastos de la licencia y el pago de impuestos como el IRPF, impuesto que pagamos todos ya seamos autónomos o trabajadores por cuenta ajena.
Una de las medidas cautelares tomadas por el juez que lleva el caso era el bloqueo de la web de Uber, y ha apremiado hoy a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a que realicen el bloqueo. Algo que a estas horas ya está en vigor puesto que Uber.com no está accesible desde España.
También establece otra medida cautelar como es la prohibición de las aplicaciones y otros medios (para iOS y Android, por ejemplo) que permita a la compañía prestar sus servicios en España. Por el momento la aplicación de Uber sigue estando disponible en Google Play y la App Store. El bloqueo de la web de Uber indirectamente afectará a los servicios web que se acceden desde las aplicaciones por lo que no servirá de mucho que siga estando disponible la aplicación en las tiendas digitales.
