Cuando una empresa se declara en bancarrota, se procede a vender los bienes de la compañía para pagar a los acreedores. Edificios, marcas registradas y comerciales, inventario y otros bienes salen al mercado, lo que puede incluir hoy día la información de sus clientes, incluyendo sus direcciones de correo electrónico y direcciones postales. Es justo lo que ha sucedido con RadioShack, quien era de las principales cadenas de electrónica de consumo de Estados Unidos.
Esta información ha sido adquirida por Standard General, uno de los principales accionistas de RadioShack, en subasta. No obstante, la venta de esta información ha sido impugnada por varias partes, incluyendo los fiscales generales de Texas y Tennessee, al ser una violación de las leyes estatales cuando el estatuto de privacidad de la compañía en cuestión indica que no comerciará con ella.
AT&T también está tratando de impedir la venta, pues colaboró con RadioShack en la venta de teléfonos móviles y considera que es propietaria de parte de la información sobre clientes. En este caso tiene también que ver con la posibilidad de que las tiendas RadioShack compartan espacios con su rival, Sprint.
Por último, desde el propio gobierno federal, a través de la Comisión Federal del Comercio, trata de evitar esta transacción. Para ello también alegan que viola la declaración de privacidad de la compañía en bancarrota, pero que además, por su valor, la venta debe realizarse de forma conjunta con otros bienes, garantizando que la privacidad se mantenga y que el comprador sea del mismo ámbito empresarial. Sin embargo, todas estas condiciones las cumple, en un principio, Standard General.
Pase lo que pase, se vuelve a demostrar el valor de la información personal de los consumidores y la facilidad con la que puede cambiar de manos sin que estos puedan decir nada al respecto. En este caso parece que hay posibilidades de que pudiera no salir adelante, pero va a depender más de los esfuerzos de dos estados y de AT&T que de la solidez del caso que presenta la agencia del gobierno federal.
Vía: The Verge.
