Una juez de California concedió al FBI una orden judicial para que Apple vulnerase la seguridad del iPhone de uno de los terroristas de la masacre de San Bernardino. La compañía respondió que lo que se les pedía era imposible, ya que implicaba desarrollar una nueva versión de iOS, la cual podría poner en riesgo la seguridad de sus usuarios si se filtraba.
La compañía ha denominado a esta versión, de forma despectiva, GovtOs. El gerente de privacidad del usuario, Erik Neuenschwander, ha indicado que su desarrollo requeriría entre dos y cuatro semanas, con un grupo dedicado de entre seis y diez ingenieros de Apple que dedicasen la mayor parte de su jornada a este propósito. Habrían de hacer el diseño, creación, validación y despliegue de esta versión tan particular de iOS.
El personal necesario incluiría ingenieros del núcleo de este sistema operativo de Apple, uno de garantía de la calidad, un jefe de proyecto y una persona que se encargase de la documentación. Tras el desarrollo habría que hacer pruebas exhaustivas, e instalarla en el terminal objetivo de la orden judicial, empleando para ello la clave criptográfica propietaria de Apple, y que el FBI hiciera sus pruebas y accediera al dispositivo.
La compañía ha indicado que tendría que ser destruida tras haber logrado su propósito, lo que también llevaría tiempo. Han manifestado dudas de que pudiera eliminarse completamente, sobre todo porque, una vez creado, podría duplicarse. El resultado de este contienda judicial va a tener unas repercusiones que será difícil evaluar, más allá de los costes en tiempo y personal que tendría que asignar la compañía para atender a todos los requerimientos judiciales que se les podría hacer a partir de entonces.
Vía: The Verge.
